1 December 2021 | 9 minutes.

¿Quién es el responsable de los residuos de América Latina?

Guatemala City garbage dump, one of the largest in Central America.

Photo: Paul Hart, Flick

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Paulina Godínez Estrada
Junior Consultant at REVOLVE Circular
Sören Bauer
President - Revolve Circular

Paulina Godínez Estrada, Junior Consultant at REVOLVE Circular

Sören Bauer, President - Revolve Circular

Envases. Productos químicos. Neumáticos. Estos son sólo tres tipos de residuos con los que los países de todo el mundo tienen que lidiar cada vez más. Muchos países industrializados exportan sus residuos a regiones lejanas, a menudo en otros continentes. Ojos que no ven, corazón que no siente.

“El consumo y la producción impulsan la economía mundial, pero también causan estragos en la salud del planeta por el uso insostenible de los recursos naturales…” indica el más reciente informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El informe explica que entre 2017 y 2019, solo “79 países y la Unión Europea informaron sobre al menos una política para promover el consumo y la producción sostenible”, lo cual abarca el ODS 12.

La última investigación de REVOLVE Circular analiza de qué forma los países de América Latina gestionan y gobiernan los residuos – o no.

Desde Guatemala hasta Sudamérica

Sandra Morán, desde la Ciudad de Guatemala, comparte con preocupación que resolver el creciente problema de los residuos y reducir su impacto no es tarea fácil en el país Centroamericano. Ya en noviembre de 2016, la exdiputada guatemalteca presentó una propuesta de ley junto al fallecido diputado guatemalteco Álvaro Velásquez y otro congresista. Su intención: regular el reciclaje y la gestión sostenible de los residuos sólidos y líquidos.

La propuesta “expresa una manera de generar acciones para contribuir al manejo sustentable de los desechos en las ciudades, generar puestos laborales y contribuir al cuidado del Medio Ambiente”, explica Sandra Morán. Con casi 17 millones de habitantes, Guatemala es uno de los muchos países latinoamericanos en los que el acceso a la recolección de residuos es limitado, y su gestión es deficiente. Según un informe de 2018 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, según datos del año 2014, el 90% de las 541.000 toneladas diarias de residuos urbanos de América Latina no son aprovechados.

Mientras que varios países de la región de un marco integral para la gestión de residuos, algunos gobiernos, como el de Chile, cuentan con normativas desde ya hace algunos años, y van más allá de la gestión de residuos por parte de las autoridades públicas al incluir también un esquema denominado “Responsabilidad Extendida del Productor” (REP).

Cuando los gobiernos transfieren la responsabilidad de la gestión de residuos

Los sistemas de REP permiten a los gobiernos abordar los problemas relacionados con la gestión de residuos transfiriendo parte de la responsabilidad a los productores. A largo plazo, el objetivo es fomentar el llamado diseño ecológico, modificar la composición y el empaque de los productos, permitir su reparación, etc.

¿Qué es la Responsabilidad Extendida del Productor (REP)?

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la REP es un enfoque político-ambiental en el cual se asigna a los productores una responsabilidad significativa – financiera y/o física – por el tratamiento o la eliminación de los productos post consumo. La asignación de esta responsabilidad podría, en principio, incentivar la prevención de residuos en origen, promover el diseño de productos para el medio ambiente y apoyar la consecución de objetivos públicos de reciclaje y gestión de materiales.

En los países de habla hispana en Latinoamérica, los esquemas de REP se denominan Responsabilidad ‘Extendida’ o Responsabilidad ‘Ampliada’ del Productor, lo que significa que la empresa productora es la única responsable de la gestión de sus respectivos residuos. Algunos países también utilizan la ‘Responsabilidad Compartida’, en la que la responsabilidad de los residuos se comparte entre varios actores, incluidos los productores, los consumidores, los distribuidores y el Estado.

En América Latina, la actual propuesta de resolución presentada en Chile que identifica los productos que constituyen envases y la REP, parece ser la más avanzada. Este documento define hasta 138 productos de 13 industrias diferentes, como la construcción, la agricultura, la confección y otras, y además distingue estos entre residuos domésticos e industriales. La resolución se aplicará a varias leyes existentes relativas a la gestión de residuos y a los envases.

También otras reformas legislativas están en camino: México planea una reforma de su gestión de residuos que redefiniría los plásticos de un solo uso y permitiría la producción de energía a partir de ellos. Según Greenpeace México, esta reforma supone un retroceso en la regulación de los plásticos de un solo uso ya que no incluye las suficientes responsabilidades para los productores, lo cual la sociedad civil ha venido exigiendo. En el Sur, Argentina busca incluir esquemas de REP y propone un impuesto ambiental para los envases e integrar a los recicladores informales en la cadena de gestión.

En la región, la realidad de la gestión de residuos y la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) es distinta: lo que se considera residuo en un país dista mucho de serlo en otro. Por ejemplo, la legislación en Costa Rica sólo contempla los neumáticos usados, los productos electrónicos y los residuos especiales. Mientras que Argentina, aunque no tiene una ley marco nacional para la gestión de residuos, también responsabiliza a los productores de neumáticos y tiene una ley para los “envases de agroquímicos”. La “Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos” colombiana de 2016, incluye las bombillas, los productos farmacéuticos, los plaguicidas, productos electrónicos y otros cinco tipos de productos más. Algunas las leyes nacionales de gestión de residuos han incluido esquemas de REP desde 2003, como la legislación nacional de México, pero ¿están logrando sus objetivos?

Los sistemas de REP: ¿buenas intenciones, poco impacto?

Costa Rica introdujo un esquema de REP en 2010, “sin embargo, apenas se están asignando metas para medir los cumplimientos”, dice Karla Chávez, Directora Regional de ecoins, una moneda digital de residuos originaria de este país centroamericano. A nivel mundial, los investigadores de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, hacen una fuerte crítica: “El principal problema de los sistemas de REP es que no son instituciones democráticas; en la mayoría de los casos, están totalmente controlados por las empresas que contaminan en primer lugar”, explica Martin Calisto-Friant, investigador franco-ecuatoriano. “Las opciones de recuperación que eligen suelen ser las más baratas, y no siempre las mejores desde el punto de vista social o medioambiental. Además, estas empresas tienen muy pocos o ningún incentivo para reducir la producción y el consumo de sus productos, uno de los principales objetivos de la economía circular. De hecho, hasta ahora no hay pruebas que demuestren que los sistemas de REP en ningún lugar del mundo hayan llevado a los productores a rediseñar sus productos eligiendo materiales sostenibles, o a hacerlos más fáciles de reparar, reciclar o renovar.”

Esto es especialmente problemático, ya que todos los gobiernos latinoamericanos firmaron en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) previstos para 2030, incluido el ODS 12 sobre “Consumo y Producción Responsables”. Si bien los esquemas de REP se consideran un componente importante para lograr este ODS, sólo unos pocos gobiernos latinoamericanos han avanzado hacia la actualización de sus reglamentos de gestión de residuos o, lo que es más importante, hacer cumplir las leyes existentes. ” El éxito de la implementación del principio de REP depende en gran medida de la existencia de un control y seguimiento de las obligaciones y metas establecidas, como también de la transparencia con la que se lleven adelante los sistemas de gestión y la trazabilidad de los productos”, argumenta el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe (CODS), con sede en Colombia, en un reciente análisis de la REP en América Latina.

Martin Calisto-Friant, de la Universidad de Utrecht, añade: “Es necesaria una fuerte participación de la sociedad civil y de los gobiernos en los planes de REP; deben gobernarse de forma más democrática y tomar decisiones teniendo en cuenta las implicaciones sociales y ecológicas en lugar de limitarse a tratar los residuos de la forma más barata posible”.

Y ¿en qué situación se encuentra Guatemala hoy en día?

La gestión de residuos y, en particular, los sistemas de REP pueden generar controversia, ya que impulsan y buscan el cambio frente a lobbies industriales bien establecidos. Además, la inestabilidad política y los altos niveles de corrupción en muchos países latinoamericanos no facilitan su aplicación. Según la excongresista Sandra Morán, la gestión de residuos en Guatemala aún no está debidamente regulada. “Las leyes que se discuten (en el Congreso) parten de intereses personales de diputados y diputadas que lo que buscan son sus negocios. Lamentablemente no hay una visión de país, una visión de mejorar y una visión de resolver las problemáticas para el desarrollo del país y el bien común de la población”, indicó Morán. Respecto a las iniciativas que se desarrollan en torno a la REP y el manejo de recursos en otros países latinoamericanos, nos compartió que “son iniciativas que van generando acciones gubernamentales, municipales y de la ciudadanía, que al final es lo que necesitamos además de generar la conciencia y la responsabilidad ciudadana al mismo tiempo que se generan puestos de trabajo y el reciclaje y transformación de los residuos van desarrollando otras ideas interesantes.”